Este documento hace una balance general de la gestión en materia de seguridad por parte del gobierno colombiano de turno entre el año 2002 y 2010. En particular señala las graves violaciones al derecho internacional humanitario por cuenta de políticas de seguridad que propiciaron prácticas como las ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército. Adicionalmente del balance el documento realiza recomendaciones al gobierno para garantizar los derechos de las víctimas y la protección de la sociedad.
