8 y 9 de junio, día del estudiante caído

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Cada año procuro tener una lectura que me permita indagar sobre el movimiento estudiantil colombiano. Volver sobre los esfuerzos de las históricas generaciones que inauguraron el compromiso y la unidad estudiantil, así como las diferentes formas de lucha por una sociedad democrática, me motiva. Por eso, esta vez, me detuve en las crónicas del profesor universitario Carlos Medina Gallego quien describe el capítulo luctuoso de los estudiantes caídos o mártires del movimiento estudiantil. La muerte de Gonzalo Bravo Pérez, en 1929 (7 de junio); también, de Uriel Gutiérrez (8 de junio de 1954), Hernando Marales, Elmo Gómez (peruano), Jaime Moore, Hernando Ospina, Álvaro Gutiérrez, Rafael Chávez (9 de junio de 1954) y de Ernesto Aparicio y Pedro Luis Tamayo (10 de mayo de 1957) hace parte del panorama represivo y de una realidad profundamente deteriorada.

Sin lugar a duda, la historia nuestra no puede dejar a un lado el papel del movimiento estudiantil. Jóvenes que entendieron críticamente la importancia de formar parte en la lucha contra la injusticia y opresión estatal. Con actitudes heroicas participaron, inicialmente, en la organización autónoma, asumiendo comportamientos políticos lejanos a la tradición partidaria y politiquera de la época. Esto en ocasión al fervor revolucionario de los años sesenta debido al despertar cubano. Independencia lenta para hacer oposición. Muchos de los estudiantes, además, engrosaron las filas de los ejércitos populares guiados por sentimientos altruistas. Por ejemplo, Antonio Larrota o Rómulo Germán Carvalho, ofrendaron la vida persiguiendo su convicción de libertad y justicia social. Otros tantos siguen perdidos en el anonimato.

El asesinato de Gonzalo Bravo Pérez permitió ver con claridad la agitación política y social del momento, luego de los acontecimientos en la zona bananera (1928); asimismo, la criminalidad del gobierno conservador en cabeza de Miguel Abadía Méndez. Durante el año de 1929 la inconformidad general creció por las políticas económicas antipopulares, la imposición de la fuerza y la malversación de recursos que por concepto de indemnización del Canal de Panamá ingresaron al país. Esto último no fue destinado al desarrollo nacional, sino a favorecer inversiones extranjeras.

Ahora bien, la mala administración del presidente Miguel Abadía Méndez generó grandes jornadas de protestas y reclamos por el ascenso burocrático. Durante el mes de junio de 1929, en Bogotá, muchas personas alzaban la voz contra el “manzanillismo” y “las roscas”. El poder conservador impedía cualquier ejercicio en las urnas. El hambre era otra tragedia cabalgando por las calles. Silvio Villegas, director de “El Debate”, en un discurso hizo una radiografía social y política de la casta absorbente en el poder: “Hoy las cosas se han mudado; para ascender se requiere únicamente estar matriculado en un círculo, en una parcialidad hostil y famélica. Ahora los que no pueden trepar como árboles, medran afanosamente como enredaderas” (citado en Medina, 2013, pp. 31-32).

El 7 de junio de 1929 las calles se mantenían repletas de manifestante. El comercio, también, se sumó a las jornadas de agitación y protesta. La característica de la movilización se instalaba como “paro cívico”. La multitud incorporaba adeptos mientras que la policía, fuertemente armada, cerraba vías para no dejar avanzar la muchedumbre. Varios disparos de la policía se escucharon y esto exaltó la tranquilidad de la protesta. Una de las balas mató a Federico Scheller, hijo de comerciante. No obstante, el hecho que antagonizó la población fue el asesinato de Gonzalo Bravo Pérez; estudiante de Derecho y quien recibió un tiro de la policía por la espalda. El periódico “El Fígaro” intituló: “La policía mató anoche al estudiante Gonzalo Bravo”. La sangre del estudiante proclamó la defunción de “la rosca”, el “manzanillismo” y, por lo tanto, del régimen conservador.

Pero la tragedia estudiantil no paró ahí porque después del ascenso al poder de Rojas Pinilla (13 de junio de 1953) vino el crimen de Uriel Gutiérrez y otros universitarios. Pese a la gravedad de los hechos, Rojas Pinilla, logró mantenerse en el gobierno. Algunos investigadores coindicen en que no cayó porque el respaldo alcanzado en su primer año, debido a la “pacificación”[1] del campo, lo sostuvo. Sin embargo, la pretendida independización política, enriquecimiento familiar y recrudecimiento de la violencia lo sumergió en una intensa lucha social.

Para ese 8 de junio de 1954 se cumplía 25 años del asesinato de Gonzalo Bravo Pérez. Por lo anterior, se programó una movilización que terminaría en la tumba del estudiante. Empero, el gobierno no autorizó la peregrinación y en un comunicado expresó no aprobar la marcha. Contrario a la disposición gubernamental, muchos estudiantes salieron a acompañar el acto acostumbrado cada año y terminarlo en el cementerio para, luego, regresar a los predios de la Universidad Nacional de Colombia. Pasada las tres de la tarde, llegó un pelotón de la policía a requerir los jóvenes. Varios de ellos estaban jugando fútbol, caminando o hablando en el lugar. Esto fue tomado como un acto de provocación. En consecuencia, se inicia una discusión y la policía decide atacar a las personas que se encontraban allí. Un segundo pelotón incursiona. Según testigos, el comandante del último grupo policial da la orden de disparar. “Uno de los proyectiles alcanzó al estudiante Uriel Gutiérrez, atravesándole el cráneo” (Medina, 2013, p. 57). Más tarde arribaron tropas del ejército a la Universidad para ayudar a contener la rabia de 500 estudiantes testigos de la atrocidad comedida.

La noticia de la muerte se propagó, rápidamente, entre los jóvenes estudiantes, por la ciudad. De modo que las calles fueron prueba de la irrevocable actitud beligerante. Por su parte, el Estado “ordenó la salida de la Policía Militar con el fin de impedir que las manifestaciones terminaran en desórdenes callejeros” (Medina, 2013, p. 65). De igual forma, expidió un comunicado para bajar los ánimos en donde hacía saber de que dictaría un decreto rindiendo honores a Uriel Gutiérrez y ordenando duelo nacional. Por otro lado, el ministro de Guerra, Brigadier General Gustavo Berrío Muñoz, culpó, en otro mensaje, a los enemigos del gobierno y advirtió que no aceptaría desórdenes ni acciones saboteadoras[2] que subvirtiera el orden social.

De otro lado, los compañeros de Uriel Gutiérrez velaron el cuerpo toda la noche en la Facultad de Derecho. Al otro día (9 de junio de 1954) la congregación de estudiantes superaba las tres mil personas. Pasadas las diez de la mañana se resolvió llevar a cabo una movilización “por las principales calles de Bogotá hasta la [P]laza de Bolívar, con el objetivo de hacer presión efectiva a la investigación de los hechos” (Medina, 2013, p. 72). La multitudinaria manifestación pudo avanzar hasta la esquina de la calle 13 con carrera 7. Allí el ejército interrumpió el tránsito. Entonces, los estudiantes se sentaron como símbolo de protesta. Posteriormente, dos estudiantes tomaron la palabra y cuando el segundo intervenía, una ráfaga de tiros cayó sobre los manifestantes, “al parecer en respuesta a tiros hechos contra la tropa, desde un balcón de uno de los edificios del sector” (Medina, 2013, p. 73). El saldo de este nuevo atentado homicida dejó varios cuerpos destrozados por los proyectiles. El primero en caer fue el estudiante de medicina Álvaro Gutiérrez; junto a él murieron Hernando Morales, Elmo Gómez (peruano), Jaime Moore, Hernando Ospina y Rafael Chávez, y otros tantos heridos. En total murieron 9 estudiantes y un civil. Como si fuera poco, más de 500 personas fueron detenidas.

Al ser interrogado el Brigadier General Duarte Blum por los hechos, este se limitó a decir que la culpa era de unos sujetos interesados en sabotear el primer año de gobierno. Añádase a lo anterior, las declaraciones del ministro de Justicia, Brigadier General Gabriel París, quien declaró ser testigo directo: “vio como de una de las casas situadas en la esquina donde ocurrió esta escena, salieron disparos de revólver y acto seguido vio caer al suelo al sargento que comandaba la patrulla y dos soldados” (Medina, 2013, p. 78). Sin embargo, nunca se conoció algún informe oficial que corroborara lo descrito por el Brigadier General París. En otro sentido, “[n]ingún estudiante herido, en las declaraciones a la prensa, asegur[ó] haber oído disparos antes de las descargas de los militares” (Medina, 2013, p. 84).

De otro lado, el ministro de Guerra, Brigadier General Berrío, comunicó que, para dar solución a lo acaecido, dispondría de la autoridad para traer la “tranquilidad”. Además, se sumó al libreto antisubversivo; es decir, trasladar la responsabilidad estatal hacia “fuerzas extrañas” de orden nacional e internacional y así justificar la intervención armada que trajera sosiego a la “gente de bien”.

Finalmente, el cuerpo de Uriel Gutiérrez lo sepultaron el 10 de junio. Los demás cadáveres fueron entregados a familiares, algunos trasladados a otras ciudades. “El día 12 solo quedaba por enterrar el cuerpo del estudiante de origen peruano, Elmo Gómez Lucich quien aún permanecía en la morgue de medicina legal. Ese mismo día el cuerpo fue reclamado por un compatriota y enterrado” (Medina, 2013, p. 89). La forma aislada de la entrega de los restos imposibilitó cualquier homenaje o tributo. Estudiantes de Cali y Medellín, por ejemplo, trataron de realizar concentraciones, pero la militarización de las ciudades impidió manifestarse. El día 11 de junio apareció una declaración del Comité Provisional de la Federación de Estudiantes en donde proclamaban el 8 y 9 de junio como fecha para recordar los compañeros caídos. Por eso, hoy en día se sigue gritando: “Gonzalo Bravo, Uriel Gutiérrez y demás mártires del movimiento estudiantil del 8 y 9 de junio, presentes”.

Referencias

Medina, G. C. (2013). 8 y 9 de junio. Día del estudiante caído: crónicas. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

[1] La disposición militar era la rendición y posterior expedición de salvoconductos para moverse libremente sin dejar de atender llamados judiciales. Muchos de los reincorporados fueron asesinados a manos del Estado. La historia de Guadalupe Salcedo es uno de los tantos casos.

[2] Estas acciones eran atribuidas a los laureanistas y comunistas. A ellos se les culpaba del doloroso desenlace del 8 y 9 de junio de 1954.

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